Con leyes, escenario de mayor certidumbre

Editorial

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Lic. Jesús Alberto Cano Vélez

Presidente del Consejo Editorial

 

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La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es un instrumento aprobado por el Congreso de la Unión con el objetivo primario de ordenar el endeudamiento local, pero también para consolidar el uso adecuado de los recursos públicos y, por tanto, garantizar el desarrollo económico y social en el ámbito regional. Se trata –lo hemos sostenido en múltiples ocasiones— de un importante esfuerzo interinstitucional para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

La ley establece niveles de deuda a los gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios a partir de su capacidad financiera; obliga a utilizar los recursos obtenidos por endeudamiento solo en inversión productiva, y crea un Sistema de Alertas que evita la contratación irresponsable de financiamiento; trascendente mandato que, insisto, ha venido a transformar positivamente la evolución de las finanzas públicas locales.

Y cuando hablo de un esfuerzo interinstitucional, hago referencia a la voluntad manifiesta y materializada de los tres Poderes de la Unión para construir un escenario de mayor certidumbre para las finanzas públicas en México.

En ese contexto se inscribe el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el mes pasado determinó que las Entidades Federativas pueden contratar deuda de largo plazo en las últimas semanas de administración solo para inversión productiva, pero deben pagar sus créditos de corto plazo tres meses antes de que concluya su mandato, como lo establece la Constitución.

Una decisión sin precedente, sustancial, que fortalece la responsabilidad administrativa y la viabilidad financiera de los gobiernos estatales y municipales, porque pone límites racionales a la contratación de créditos, al tiempo que profundiza en el uso eficiente de los recursos públicos. Ahora, el manejo prudente de las finanzas en los tres órdenes de gobierno se ha institucionalizado con la solvencia y contundencia mostrada por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso, en nuestra Revista publicamos un oportuno reporte del trascendente fallo de la SCJN que recoge los sustentados argumentos del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, así como de los ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al resolver una controversia constitucional presentada por el Congreso del Estado de Colima, los distinguidos juristas han puesto en primer plano no sólo la disciplina con que deben manejarse las finanzas estatales y municipales, sino que han otorgado carácter prioritario a la aplicación de los recursos públicos en beneficio de la calidad de vida de todos los ciudadanos. “Esta determinación sienta las bases para que los gobiernos locales profundicen en el manejo responsable de los recursos y mejoren sustancialmente la situación de las finanzas públicas en favor de las administraciones entrantes”, ha dicho como parte del debate el respetado abogado que preside el máximo tribunal del país; su tesis ha dejado muy claro el espíritu transformador de este fallo que impactará positivamente, de ahora en adelante, la buena marcha de las administraciones locales en México.

Asimismo, traemos a estas páginas la entrega a México del Premio Dubái por parte de ONU-Hábitat; un merecido reconocimiento que recibió David Penchyna Grub, director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a las mejores prácticas para el desarrollo urbano sostenible. Un notable trabajo de años que es galardonado a nivel internacional. También publicamos la toma de protesta de Javier Castellón Fonseca, presidente municipal de Tepic, Nayarit, como nuevo presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), organismo que asocia a un importante grupo de gobiernos municipales de izquierda. Destacamos la elección de Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una decisión que refrenda la confianza en un sólido liderazgo.