21 | Abril | 2018

Análisis

9 gobiernos con deuda pública en observación

En la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) se establecen los lineamientos generales para la regulación prudencial de la deuda tanto de corto como de largo plazo y se exige en ella a los gobiernos locales tener un mayor control de sus gastos y de su administración contable.

Esta exigencia se les hace porque la deuda pública de los estados no es más que el resultado de las dificultades que tienen sus autoridades administrativas para financiar sus gastos, tanto de operación como de inversión, con sus ingresos propios y con las Participaciones y Aportaciones que reciben del Gobierno Federal.

Esta ley establece que la contratación de cualquier tipo de deuda debe ser notificada y registrada en un Registro Público Único (RPU), y la creación de un Sistema de Alertas que en base a indicadores de deuda evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), monitoree los niveles de endeudamiento de los gobiernos locales.

Impiden financiar gasto corriente con deuda
Asimismo se establece que los Estados en ningún caso pueden contratar deuda para financiar gasto corriente, reafirmando lo estipulado en la Constitución Federal, en su artículo 117, fracción VIII, donde se estipula que “los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura”.

En el párrafo cuarto de la misma fracción VIII se señala que “sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión”.